Las restricciones relacionadas con la emisión y renovación de Visas Doradas en el Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF) han llevado a los inversores extranjeros a demandar al Estado portugués ante los tribunales, es decir, al Ministerio de Administración Interna (que supervisa el SEF), y hasta la fecha han ganado alrededor de dos docenas de casos.
Según información difundida por CNN Portugal, la SEF perdió 18 casos y hay decenas de casos en revisión en los tribunales portugueses.
Lo que está en riesgo?
- Los inversores extranjeros en Portugal se vieron obligados a acudir a los tribunales portugueses para obtener, por ejemplo, una cita en las sucursales de SEF.
- La legislación portuguesa establece un período de 90 días para la concesión de una Golden Visa, pero en la práctica, algunas personas esperan alrededor de dos años o más para recibir la tarjeta de residencia.
Los retrasos relacionados con las citas SEF no son recientes. La pandemia inició este retraso con los inversores extranjeros esperando más de 18 meses para (finalmente) conseguir una cita. El resultado está a la vista: docenas de casos judiciales. Además, entre enero y junio de 2022, no fue posible realizar ninguna cita en el portal en línea donde se presentan todos estos procesos, el portal ARI.
“Esta situación es insostenible para los inversionistas y el Estado no ha cumplido su palabra”, dice Diogo Capela, socio de Lamares, Capela & Associados ( Inicio – Lamares, Capela & Associados (lamarescapela.pt). El letrado añade que “hay inversores que actualmente residen en Portugal y que llevan varios meses esperando a que concluyan sus procesos para poder viajar, algo que actualmente tienen impedido de hacer, ya sea al resto de países de la Unión Europea Unión o a sus países de origen porque, en ese caso, corren el riesgo de ser detenidos en la frontera a su regreso a Portugal”.
Para Lamares, Capela & Associados, en voz de Diogo Capela: “estamos ante una situación muy injusta cuando, se sabe, estos inversionistas solo pueden presentar sus casos después de haber completado sus inversiones del orden de cientos de miles de euros y lo que ocurre actualmente es que tienen que esperar mucho más que cualquier otra persona interesada en obtener un permiso de residencia en Portugal (por ejemplo, un pensionista que quiere vivir en el país)”.
Cabe recordar que el Estado portugués creó el Programa para que tuviera una duración de 5 años, pero en la práctica, con todos estos retrasos en la concesión de las Golden Visas y también en las renovaciones (que recién ahora son automáticas, similar a lo que ya sucedió con otras permisos de residencia), en vez de tener esa duración, acaba siendo de dos o tres años.
“Además, esta situación se vuelve más perniciosa cuando observamos que la tabla de tarifas de la SEF se actualiza anualmente y los valores siguen subiendo y la calidad del servicio sigue bajando”, subraya Diogo Capela.
Actualmente, cuando un inversor al final de los 5 años en el país, tiene la intención de obtener un permiso de residencia permanente en Portugal como lo prometió el Estado portugués, además de la inversión y los impuestos que debe pagar debido a su implementación, él pagará al SEF unos 20.000 euros en concepto de honorarios, una media de 4.000 euros al año.
Programación obligatoria en el SEF
La atención presencial en el SEF es obligatoria para la obtención de la Golden Visa y se realiza luego de que el trámite reciba una preaprobación por parte del SEF. En ese momento se hace necesaria la entrega de la documentación que se recolectó electrónicamente y se recopilan los datos biométricos de los inversionistas extranjeros para la futura emisión de la tarjeta de residencia.
Después de la programación, la SEF hace un nuevo análisis de los documentos presentados y solo entonces emite la decisión final de aprobación.
Ante la escasez de vacantes, los sucesivos retrasos, la falta de disponibilidad para citas presenciales -incluso en el período pospandemia- los inversores extranjeros cuyas solicitudes cumplían con todos los requisitos legales, recurrieron a los tribunales portugueses y hasta la fecha al Estado portugués. ha perdido 18 casos (fueron desfavorables a la SEF), mientras que otros están siendo analizados por la Justicia portuguesa.
Lamares, Capela & Associados recibe a diario solicitudes de clientes para formalizar actuaciones judiciales para condenar al SEF, y ahora es inevitable recurrir a los Tribunales para resolver un problema que se “arrastra” durante tanto tiempo, sin que éste existiendo, por parte del Gobierno, alguna iniciativa para solucionarlo a corto plazo.
Esta situación, además de empañar la reputación del Estado portugués y la calidad de las instituciones, no deja de crear en los ciudadanos extranjeros la triste imagen de un país que no cumple sus promesas.
“Como abogado, no puedo evitar estar del lado de mis clientes en esta situación que considero totalmente injusta para los inversores y desconcertante por mi pais”, concluye Diogo Capela.
